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¿Qué sucede con la propiedad intelectual en Latinoamérica?

¿Qué sucede con la propiedad intelectual en Latinoamérica?

Publicado por PanamericanWorld el 02 de Marzo del 2016

La propiedad intelectual es un tema complicado no solo en República Dominicana, sino en todo Latinoamérica. La región tiene un capital humano talentoso y creativo, pero, ¿lo aprovecha al máximo?

Las creaciones intelectuales se amparan bajo el paraguas normativo interno de cada país. En República Dominicana la Ley 6500 es considerada uno de los cuerpos legales más avanzados de la región y hace acopio de los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre interpretación o ejecución y fonogramas (TOIEF), así como sobre derecho de autor (TODA). “La parte de la difusión es el problema. En general, el derecho de autor es un ámbito poco difundido y desconocido para una parte importante de los titulares de derechos, abogados y jueces”, explica el abogado Franz Ruz, de la empresa internacional Écija.

Las organizaciones más importantes con respecto a la propiedad intelectual en Latinoamérica a nivel internacional son la OMPI, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), todas vinculadas a Naciones Unidas. El Sistema Nacional de Propiedad Intelectual en República Dominicana busca integrar esta temática en las políticas públicas; instancia vinculada al Ministerio de Industria y Comercio y a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), dependiente del Ministerio de Cultura.

Según la OMPI, todos los países de Latinoamérica apenas registran 1,200 patentes, de las cuales 660 son de Brasil; 230 de México; 140 de Chile; 80 de Colombia; 26 de Argentina, y 12 en el caso de República Dominicana. De acuerdo con datos emitidos por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), apenas 0.2% del PIB es invertido en investigación y desarrollo.

“Las patentes son un indicio de los resultados de la actividad investigadora, no son la única manera de fomentar la innovación. De hecho, son una fórmula de protección económicamente costosa. En Europa, por ejemplo, las universidades patentan mucho más de lo que a mi juicio sería necesario o conveniente, a veces innovaciones sin aplicación comercial efectiva o que tendrían una protección más robusta por otras vías, como el secreto industrial. Lo mismo ocurre con cualquier innovación y desarrollo en materia de software, dado que en la mayoría de países del mundo el software no es patentable”, asegura Ruz.

En general, gran parte de los países de América Latina tiene un importante desarrollo legislativo en materia de propiedad intelectual e industrial y son parte de los principales tratados y convenios internacionales en estas materias. Por ejemplo, en 2007 Dominicana, en cumplimiento de los acuerdos adquiridos con la ratificación del DR-CAFTA, se adhirió al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

“Lo que hay que diferenciar es entre la existencia de una ley y el cumplimiento efectivo de la misma, donde se puede encontrar una mayor ‘gap’ que en otras regiones más desarrolladas del mundo. Esto se ve de manera manifiesta en ámbitos como la piratería física y digital, tanto de contenidos culturales como de productos de marcas de renombradas”, señala Ruz.

Naciones líderes

Los países con mayor desarrollo legislativo y sensibilidad frente a estas materias son dos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Chile y México. “También hay que considerar a Argentina, Uruguay y Colombia. Brasil está adquiriendo un papel relevante debido a sus políticas de fomento de contenidos naciona­les, especialmente en cine y televi­sión, que está teniendo como efecto la irrupción de un tejido industrial audiovisual de gran capacidad de producción e interés y con gran número de activos intangibles que proteger”, puntualiza el experto.

Estos países tienen legislaciones más consolidadas y la gestión colectiva a través de sociedades de derechos autor y conexos está en fases maduras de implementación. En el caso de México, Argentina y Colombia juega a favor la existencia de industrias creativas más sólidas y generadoras de empleo, como la editorial. “En el ámbito de la gestión colectiva de derechos, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) —entidad de gestión colectiva de derechos musicales— es considerada internacionalmente como un ejemplo de transparencia y eficiencia; no solamente en la región, sino también en Europa y Estados Unidos. Esta agilidad de la SCD ha permitido que un servicio como Netflix esté disponible en Chile y ausente de algunos países europeos como España, donde la obtención de autorizaciones es mucho más com­pleja y lenta. Otro país interesante de observar es República Dominicana, debido a su apuesta por la industria cinematográfica y la captación de rodajes internacionales, que debería necesariamente tener un efecto posi­tivo en el derecho de autor”, apunta.

Chile es calificado como una nación de renta alta por el Banco Mundial, tiene políticas cada vez más relevantes en materia de protección de la innovación y de la creación, lo mismo que México y Colombia. “Lo que no es realista es esperar el mismo nivel de inversión en otros países de América Latina (de renta media o baja) que tienen otras prioridades de orden social mucho más urgentes. En estos países, por ejemplo, puede ser más importante mejorar la educación primaria y secundaria para que más ciudadanos puedan acceder a la educación superior y, en consecuencia, que en unas pocas décadas haya mayor talento investigador; talento que genera conocimiento e innovación”.

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